La aprobación de la nueva Ley de la cadena alimentaria; la culminación del proceso de elaboración del plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, con su envío a la Comisión Europea; la puesta en marcha del Componente 3, correspondiente al este ministerio, del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR); la negociación del Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola (FEMPA) y las iniciativas legislativas para una pesca sostenible y para combatir el desperdicio de alimentos, han sido algunos de los compromisos más relevantes cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en 2021.

La nueva Ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 16 de diciembre, es un claro ejemplo del impulso modernizador del Gobierno, con la que se da respuesta además a una reivindicación de las organizaciones profesionales agrarias del sector. Es una reforma que introduce unas nuevas reglas de juego en las relaciones comerciales dentro de la cadena alimentaria para facilitar un reparto de valor más equilibrado entre los distintos eslabones.

La norma beneficia a los productores primarios, agricultores y ganaderos, que son el eslabón más débil de la cadena al introducir el coste efectivo de producción como factor obligatorio en la fijación de los precios en los contratos. La ley supone un importante avance en la transparencia de las relaciones comerciales, al establecer la obligatoriedad de que se realicen por escrito todos aquellos contratos de compra y venta por un precio superior a 1.000 euros y que no se paguen al contado. Además, deberán inscribirse en un Registro Oficial de Contratos.

La venta por encima de los costes de producción entre los distintos operadores se extenderá a lo largo de todos los eslabones: producción, industria y transformación y distribución, hasta llegar al consumidor.

La ley refuerza los mecanismos de control y el régimen sancionador, para lo que designa a la Agencia de  Información y Control Alimentario (AICA) autoridad nacional de ejecución que tendrá que coordinar las tareas inspectoras con las comunidades autónomas, que tienen competencia en esta materia.