El nuevo Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible obligará a las empresas a notificar con claridad cualquier reducción en el contenido de los productos si no va acompañada de una bajada de precio.

La medida busca frenar la reduflación, una práctica que encarece el precio por unidad sin informar al consumidor. Las empresas tendrán 90 días desde la primera venta para adaptar el etiquetado. Con esta norma, el Gobierno refuerza el control comercial y apunta a una economía más justa y transparente, protegiendo tanto el bolsillo del consumidor como la competencia entre marcas.

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