España se suma a los 13 países europeos que ya permiten camiones de 44 toneladas y hasta 4,5 metros de altura en ciertas rutas.

Sobre el papel, la medida promete reducir un 8% el consumo de diésel y abaratar costes, pero en la práctica su alcance es limitado: solo impactará en un 12% de los kilómetros recorridos, concentrándose en combustibles, minerales y materiales de construcción. El problema es que el cambio llega sin una previsión clara para los contratos de larga duración ni una estrategia para absorber el aumento de tonelaje sin desajustes. Mientras otros países han integrado la norma con éxito, en España el sector teme que esta reforma, presentada como modernizadora, se convierta en un nuevo foco de costes ocultos y tensiones económicas.

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