La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para revisar la legislación sobre bienestar animal en granja, con horizonte de propuesta en 2026. El proceso no solo implica a agricultores y empresas, sino también a ONG, autoridades y ciudadanos, lo que refleja la dimensión política, social y económica del debate.

La revisión aborda cuestiones sensibles como la aplicación de normas a las importaciones y su impacto en la competitividad del productor europeo, en un mercado global cada vez más exigente. Se trata de un sector que mueve miles de millones en exportaciones, pero que opera bajo una fuerte presión de costes, márgenes estrechos y un consumidor que exige más estándares sin elevar el gasto.

Bruselas busca soluciones viables y basadas en pruebas, pero el reto está en equilibrar exigencia normativa y rentabilidad, evitando que las nuevas reglas aceleren la pérdida de tejido productivo en Europa frente a países terceros con normativas más laxas.

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