La aplicación de los controles sanitarios y fitosanitarios que tenía previsto aplicar el Reino Unido, a partir del 1 de julio de 2022 a las importaciones agroalimentarias con origen la Unión Europea, se aplazan hasta finales de 2023.

El aplazamiento de estos controles ahorrará a las empresas británica casi 1.188 millones de euros, además de correr el riesgo de colapsar los puertos y las cadenas de suministro. Para frutas y hortalizas, la primera fase de los controles impuestos por el Reino Unido, desde el 1 de enero de 2021, pasan por la obligatoriedad de que las exportaciones comunitarias estén acompañadas de una declaración aduanera y un certificado de conformidad con las normas de comercialización.