Ante la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso el sector pesquero solicitaba garantías jurídicas para sus empresas. Esta solicitud se hacía ante la tramitación del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, donde Javier Garat, secretario general de Cepesca, hacía hincapié en que los nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectaran a los ya realizados conforme a la ley vigente.

Desde Cepesca se defiende la estructura operativa e inversiones de las empresas pesqueras que ha generado la Ley de Pesca de 2001 en su dilatada vigencia. No respetar este reparto acarrearía la inestabilidad en el sector y pondría en riesgo miles de puestos de trabajo. Llegando, incluso, a modificar la solvencia de los armadores y dificultando el acceso al crédito.

El sector pesquero solicitaba que la reserva del 10% de todas las posibilidades de pesca que establece el nuevo texto normativo no sobrepase el 3%, porcentaje que la Administración ha tenido durante los últimos años reservado, ante las posibles disfunciones que crearía su modificación.