

El marco regulatorio vigente, el Regulation (EU) 2023/915, ya establece límites para ciertos contaminantes alimentarios, pero aún carece de umbrales vinculantes específicos para MOAH y MOSH. Se espera que los valores máximos para MOAH entren en vigor alrededor de 2027-2030.
Desde una perspectiva económica, la industria se enfrenta a una doble carga: adquisición de tecnología analítica de alto coste —como la técnica avanzada GC×GC-MS-FID—, y revisión completa de la cadena de suministro. Según AINIA, los costes de control y análisis se incrementan, y las materias primas, los envases y los procesos han de adaptarse.
Esto genera dos tendencias críticas para la industria alimentaria: primera, la presión sobre márgenes, ya ajustados en numerosos sectores; segunda, la barrea de entrada para pequeñas empresas y pymes, incapaces de absorber rápidamente los altos costes de conformidad.
Además, el riesgo económico va más allá del cumplimiento: los distribuidores pueden exigir certificaciones adicionales o exigir descuentos por riesgo de no conformidad, lo que traslada el coste hacia el productor, influyendo en las cadenas de valor agroalimentarias.
En definitiva, el cambio regulatorio global —dirigido hacia seguridad alimentaria— se convierte también en un reto económico estructural. Las empresas que anticipen y se adapten podrán convertir este cambio en ventaja competitiva; las que esperen podrían encontrarse con costes inesperados, pérdida de cuota de mercado y riesgo reputacional. Un ajuste organizativo, tecnológico y financiero que exige a la industria alimentaria actuar ahora para preservar su rentabilidad y vigencia.


El marco regulatorio vigente, el Regulation (EU) 2023/915, ya establece límites para ciertos contaminantes alimentarios, pero aún carece de umbrales vinculantes específicos para MOAH y MOSH. Se espera que los valores máximos para MOAH entren en vigor alrededor de 2027-2030.
Desde una perspectiva económica, la industria se enfrenta a una doble carga: adquisición de tecnología analítica de alto coste —como la técnica avanzada GC×GC-MS-FID—, y revisión completa de la cadena de suministro. Según AINIA, los costes de control y análisis se incrementan, y las materias primas, los envases y los procesos han de adaptarse.
Esto genera dos tendencias críticas para la industria alimentaria: primera, la presión sobre márgenes, ya ajustados en numerosos sectores; segunda, la barrea de entrada para pequeñas empresas y pymes, incapaces de absorber rápidamente los altos costes de conformidad.
Además, el riesgo económico va más allá del cumplimiento: los distribuidores pueden exigir certificaciones adicionales o exigir descuentos por riesgo de no conformidad, lo que traslada el coste hacia el productor, influyendo en las cadenas de valor agroalimentarias.
En definitiva, el cambio regulatorio global —dirigido hacia seguridad alimentaria— se convierte también en un reto económico estructural. Las empresas que anticipen y se adapten podrán convertir este cambio en ventaja competitiva; las que esperen podrían encontrarse con costes inesperados, pérdida de cuota de mercado y riesgo reputacional. Un ajuste organizativo, tecnológico y financiero que exige a la industria alimentaria actuar ahora para preservar su rentabilidad y vigencia.