Con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el hogar, y que contempla multa de hasta 500.000 euros, el Gobierno de España ha aprobado con Consejo de Ministros un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario.

Una ley que, comienza ahora el trámite parlamentario y entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido.

La prioridad de destinar los desperdicios al consumo humano se canalizará a través de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Los hogares españoles tiraron en 2020 a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.