España es la tercera potencia de la UE en distintivos de calidad, con 388 denominaciones e indicaciones protegidas, un activo clave para las pymes rurales y el valor añadido agroalimentario. Sin embargo, los últimos informes de la CNMC ponen sobre la mesa un debate incómodo: la normativa de protección de DOP, IGP y ETG puede derivar en distorsiones de competencia si no se regula con rigor.

La Comisión advierte sobre la regulación de la oferta, reclamando límites claros y temporales para evitar abusos; cuestiona la exclusividad de los consejos reguladores, defendiendo un modelo de verificación abierto y competitivo; y alerta sobre los riesgos de exceso burocrático en las nuevas indicaciones de productos artesanales e industriales.

El mensaje es claro: proteger el origen y la calidad es fundamental, pero si las normas se convierten en un muro regulatorio, el impacto económico puede ser negativo para productores y consumidores. La competitividad del sector agroalimentario no solo depende de los sellos, sino también de que exista un mercado justo y transparente.

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