En el Congreso de los Diputados se ha jugado varias veces con la esperanza de los trabajadores del campo. Cada vez que se ha propuesto una subida del Salario Mínimo Interprofesional, los partidos han demostrado que sus discursos en campaña no valen nada frente al momento de votar. Unos votan en contra bajo el argumento de “no perjudicar la competitividad del sector”, otros se abstienen con la excusa de “estudiar el impacto en las pequeñas explotaciones”, y los que votan a favor presumen del gesto mientras olvidan que el SMI, incluso con las subidas recientes, sigue muy lejos de cubrir el coste real de la vida para un jornalero o un temporero.
La situación económica actual solo ha hecho más evidente la negligencia política. Los costes de producción se disparan, las grandes cadenas de distribución exprimen hasta el último céntimo al agricultor y al trabajador agrícola, y los gobiernos se limitan a fotos en ferias y discursos vacíos en el Congreso. Nadie ha querido meter mano al verdadero problema: un sistema que genera riqueza para unos pocos a costa del sudor barato de quienes trabajan la tierra y transforman los alimentos que todos consumimos.
El sector agroalimentario español no necesita más palabras ni votaciones simbólicas. Necesita una estrategia clara para elevar salarios, garantizar estabilidad laboral y repartir de forma justa los beneficios de una cadena alimentaria que hoy se sostiene sobre la precariedad. Mientras en el Congreso los partidos sigan jugando a la política de escaparate, seguirán demostrando que para ellos el campo y sus trabajadores son solo decorado electoral, no una prioridad real.
En el Congreso de los Diputados se ha jugado varias veces con la esperanza de los trabajadores del campo. Cada vez que se ha propuesto una subida del Salario Mínimo Interprofesional, los partidos han demostrado que sus discursos en campaña no valen nada frente al momento de votar. Unos votan en contra bajo el argumento de “no perjudicar la competitividad del sector”, otros se abstienen con la excusa de “estudiar el impacto en las pequeñas explotaciones”, y los que votan a favor presumen del gesto mientras olvidan que el SMI, incluso con las subidas recientes, sigue muy lejos de cubrir el coste real de la vida para un jornalero o un temporero.
La situación económica actual solo ha hecho más evidente la negligencia política. Los costes de producción se disparan, las grandes cadenas de distribución exprimen hasta el último céntimo al agricultor y al trabajador agrícola, y los gobiernos se limitan a fotos en ferias y discursos vacíos en el Congreso. Nadie ha querido meter mano al verdadero problema: un sistema que genera riqueza para unos pocos a costa del sudor barato de quienes trabajan la tierra y transforman los alimentos que todos consumimos.
El sector agroalimentario español no necesita más palabras ni votaciones simbólicas. Necesita una estrategia clara para elevar salarios, garantizar estabilidad laboral y repartir de forma justa los beneficios de una cadena alimentaria que hoy se sostiene sobre la precariedad. Mientras en el Congreso los partidos sigan jugando a la política de escaparate, seguirán demostrando que para ellos el campo y sus trabajadores son solo decorado electoral, no una prioridad real.