El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario para dotar de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década.

El PERTE, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial.

Este PERTE contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023. Se prevé que genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al PERTE, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha contextualizado este PERTE dentro de la estrategia global de la política del Gobierno con relación al sector agroalimentario y ha destacado que junto a la Política Agraria Común (PAC), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones y suponen “la cifra de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector”. Planas ha destacado que por encima de la importancia económica del sector agroalimentario en España, tiene una “gran significación social y territorial y ambiental”.

Un PERTE encaminado a afrontar los retos de la próxima década

El sector agroalimentario contribuye con casi un 10 % al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96 % de las más de 30.500 empresas son pymes. De esta forma, el PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.

Para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y adaptarse a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se hace necesario promover un uso eficiente de los recursos naturales y de la energía en la producción agroalimentaria, a través de la digitalización de todos los procesos productivos de la cadena alimentaria.

Con este PERTE se pretende fomentar el empleo de calidad del sector agroalimentario –sobre todo en el medio rural, donde el tejido empresarial agroalimentario tiene mayor presencia-, fortalecer su competitividad y rentabilidad –con medidas enfocadas a la automatización de procesos, sensorización de procesos o sistemas de aprovisionamiento sostenibles-, así como la vertebración del medio rural –este PERTE tendrá efecto arrastre por su capacidad para desarrollar su actividad en zonas lejanas a núcleos urbanos, atrayendo empleo y servicios colaterales (transporte y restauración), y actuará como generador socioeconómico del entorno rural-. Estos son algunos de los objetivos de este PERTE dirigido a un sector económico estratégico de la economía española.