El Gobierno de España pendiente de la aprobación de su plan para la PAC por Bruselas.

El Gobierno de España pendiente de la aprobación de su plan para la PAC por Bruselas.

Global
Jan 11
/

El gobierno de España espera que la Comisión Europea apruebe, para finales del primer semestre de 2022, su plan de aplicación de la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Un plan que supone una inyección económica para el agro español de más de 47.000 millones de euros hasta 2027.

El plan de aplicación de la Política Agraria Comunitaria presentado, por el Gobierno de España, está dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores. Un instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector.

La Comisión Europea podría dar luz verde al proyecto para finales del primer semestre 2022. La distribución de los ecoesquemas, pagos anuales director a los agricultores que acepten compromisos medioambientales, han sido los puntos de mayor fricción entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.

Redacción ADN TV
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El gobierno de España espera que la Comisión Europea apruebe, para finales del primer semestre de 2022, su plan de aplicación de la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Un plan que supone una inyección económica para el agro español de más de 47.000 millones de euros hasta 2027.

El plan de aplicación de la Política Agraria Comunitaria presentado, por el Gobierno de España, está dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores. Un instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector.

La Comisión Europea podría dar luz verde al proyecto para finales del primer semestre 2022. La distribución de los ecoesquemas, pagos anuales director a los agricultores que acepten compromisos medioambientales, han sido los puntos de mayor fricción entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.

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