En 2024, España evitó que 51,5 millones de kilos y litros de alimentos y bebidas acabaran en la basura, una reducción del 4,4% respecto a 2023. Aún así, el desperdicio total alcanzó 1.125 millones de kilos/litros, con un coste económico y social enorme para toda la cadena agroalimentaria.

El 97,5% del desperdicio se produce en los hogares, que tiraron casi 49 millones de kilos menos que el año anterior, pero aún representan 24,38 kilos por persona al año. Las frutas y verduras lideran la lista de productos desechados, con un 32% y 14% respectivamente.

Fuera del hogar, se desperdiciaron 28 millones de kilos, un 8,8% menos que en 2023, el registro más bajo hasta la fecha. Sin embargo, el impacto económico sigue siendo alarmante: cada kilo desperdiciado implica costes de producción, transporte y distribución sin retorno, una factura invisible que paga toda la sociedad.

La nueva Ley de Prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, en vigor desde 2025, promete optimizar procesos, incentivar donaciones y reducir costes para empresas y consumidores. El reto ahora es convertir los avances en ahorro real y sostenido, evitando que el desperdicio siga drenando recursos en un país que no puede permitirse perder alimentos… ni dinero.

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