En 2024, el 8,5% de la población de la Unión Europea no pudo permitirse consumir cada dos días una comida con carne, pescado o un equivalente vegetariano.

Aunque supone una ligera mejora frente al 9,5% de 2023, el problema persiste con fuerza en los colectivos más vulnerables: el 19,4% de las personas en riesgo de pobreza sufre esta carencia, frente al 6,4% de quienes no lo están.

Las diferencias entre países son alarmantes: en Eslovaquia, casi un 40% de la población en riesgo de pobreza no accede a una comida adecuada, mientras en Chipre apenas llega al 3,5%. Estas brechas revelan la fragilidad de los sistemas de protección social y la incapacidad de la Unión Europea para garantizar un derecho tan básico como alimentarse.

Los datos confirman que la desigualdad económica en Europa sigue teniendo un reflejo directo en la mesa, y que las políticas actuales son insuficientes para frenar la precariedad alimentaria.

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