El Reino Unido afronta este otoño un punto de inflexión: negociará con la Unión Europea un acuerdo sanitario y fitosanitario para abaratar los costes de exportación agroalimentaria. Desde 2019, las ventas británicas al mercado comunitario han caído un 20%, golpeadas por la burocracia y los controles tras el Brexit.

Hoy, cada envío de carne o pescado requiere un certificado sanitario de 200 libras, más tasas de inspección de hasta 149 libras por lote. En algunos casos, los costes de muestreo superan las 1.400 libras por envío, sumando producto perdido y trámites administrativos.

Las pymes del sector son las más castigadas, al carecer de capacidad para absorber estos sobrecostes. El acuerdo SPS previsto podría reducir controles, optimizar la logística y devolver competitividad a los exportadores, con impacto directo en retailers y consumidores.

De lograrse, no solo aliviaría a productores y distribuidores: también supondría precios más competitivos y mayor surtido en los lineales, tanto británicos como europeos. Mientras tanto, el sector espera hechos, no promesas, en un escenario marcado por la ineficiencia y el encarecimiento del comercio.

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