La hipocresía política en torno al sector agroalimentario ya no es un problema, es una epidemia institucionalizada. Mientras en los discursos públicos —ya sea en Bruselas, Madrid o cualquier parlamento autonómico— se deshacen en halagos hacia los agricultores, ganaderos y pescadores, en los despachos, con la otra mano, firman normas y acuerdos que asfixian lenta pero sistemáticamente al campo europeo.

Hablan de soberanía alimentaria, pero permiten la entrada masiva de productos de terceros países que ni cumplen los mismos estándares ni respetan los mismos costes sociales o medioambientales. Hablan de sostenibilidad, pero imponen legislaciones imposibles que encarecen la producción y expulsan al pequeño productor. Hablan de fijar población en el mundo rural, pero bloquean el acceso a la rentabilidad, al agua, a la energía o a la tecnología. ¿A quién quieren engañar?

Y aquí no hay colores políticos. La derecha se llena la boca de libertad de mercado mientras el campo sufre dumping externo sin red. La izquierda presume de proteger a los trabajadores, pero lleva décadas legislando contra el músculo productivo que da empleo y alimento. Todos usan al sector agroalimentario como escaparate electoral, pero ninguno planta cara a las verdaderas amenazas: los tratados comerciales injustos, la burocracia suicida y la desconexión brutal entre las élites y la tierra.

La distancia entre el discurso y la acción ya es insultante. El sector agroalimentario no necesita más promesas, necesita precios justos, competencia leal, y una política que escuche más a quien produce que a quien especula. Porque lo que hoy se juega no es solo la rentabilidad del campo, es la seguridad alimentaria de todos. Y si siguen tratando al sector como un decorado para la foto, quizá pronto no quede ni campo… ni foto.

"El campo no necesita aplausos, necesita respeto y reformas reales."

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